La transición energética, esencial para afrontar la crisis climática, conlleva profundas transformaciones en los sistemas económicos, sociales y territoriales. Sin embargo, con demasiada frecuencia estas políticas se diseñan desde una óptica eminentemente tecnocrática, sin incorporar de manera sistemática la dimensión social de los cambios que promueven. Por ello, resulta necesario establecer mecanismos de social proofing o de “validación de la dimensión social”, es decir, realizar una revisión crítica con perspectiva social como parte estructural de cualquier política o iniciativa de transición energética.
Esta validación del eje social implica evaluar cómo impactan las políticas en los distintos grupos sociales, si pueden generar nuevas desigualdades o agravar las ya existentes, y hasta qué punto tienen en cuenta las diferentes realidades territoriales y socioeconómicas. La historia reciente muestra cómo medidas necesarias y bienintencionadas, como ciertas subvenciones a la rehabilitación energética, a las energías renovables o las zonas de bajas emisiones, pueden acabar agravando desigualdades existentes o incluso beneficiando a los sectores más acomodados si no se diseñan con criterios de equidad y se incluyen medidas específicas para los colectivos más vulnerables.
Esta necesidad de integrar la dimensión social en la transición energética se vincula directamente con el concepto de societal readiness, impulsado por la Comisión Europea en sus programas de investigación e innovación orientados al desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas. Societal readiness hace referencia al grado en el que una sociedad está preparada para adoptar, aceptar e integrar una innovación, tecnología o cambio, especialmente en contextos que implican transformaciones sociales, ambientales o tecnológicas importantes.
En este marco, se considera esencial que los proyectos, especialmente en sectores como el energético, que afrontan transformaciones estructurales, demuestren que abordan necesidades sociales reales. Esto implica ir más allá de trabajar la aceptación de soluciones ya desarrolladas, y garantizar la participación activa de diferentes actores sociales a lo largo de todo el ciclo de los proyectos, para asegurar que las soluciones resultantes sean también socialmente viables y sostenibles.
Si queremos aprovechar la transición energética para construir un modelo energético más justo, incorporar el social proofing y la perspectiva de societal readiness debería ser una condición básica en la elaboración de políticas públicas y en el despliegue de nuevas infraestructuras. Solo así se puede garantizar una transición energética justa, que no solo sea ecológicamente sostenible, sino también socialmente legítima.
