Se pone de manifiesto la falta de políticas públicas que aborden la intersección entre discapacidad y pobreza energética. Existe la necesidad de una participación del colectivo en la elaboración de políticas y la colaboración intersectorial entre administración pública, organizaciones que trabajan con personas con discapacidad y ciudadanía.
Una realidad poco visibilizada: la conexión entre discapacidad y pobreza energética
El proyecto ASSERT, cofinanciado por el programa europeo LIFE, en el que participa Ecoserveis, ha realizado una exploración cualitativa de la relación entre pobreza energética y discapacidad a través de entrevistas a actores clave en los cuatro países en los que se está implementando el proyecto ASSERT. En España, se entrevistaron a varios actores relevantes del ámbito de la energía y la discapacidad con el objetivo de estudiar la existencia o ausencia de políticas específicas en cuanto a la conexión entre discapacidad y pobreza energética. Las personas entrevistadas incluían a profesionales o representantes de organizaciones de personas con discapacidad, sindicatos, administraciones públicas y otras entidades tanto a escala local como regional y estatal.
La experiencia sobre discapacidad y pobreza energética ayudó a poner sobre la mesa el escenario actual en cuanto a la elaboración de políticas, los indicadores existentes, la participación política de las personas con discapacidad, las buenas prácticas y las estrategias futuras que deberían adoptarse para abordar la pobreza energética en los hogares con discapacidad.
Gracias a las 12 entrevistas realizadas, las principales conclusiones se detallan a continuación.
Por lo general, se afirma en el estudio que las políticas que abordan la intersección entre discapacidad y pobreza energética son escasas o incluso inexistentes. De hecho, la recogida de datos para evaluar esta relación es fragmentada e incompleta, en algunos casos informal, y existe una falta de políticas específicas para personas con discapacidad dentro del ámbito de la pobreza energética.
Algunos marcos legales ofrecen protecciones indirectas, como la Ley 24/2015 en Cataluña o el bono social por la electricidad. Las políticas dirigidas a colectivos vulnerables, de forma más amplia, también a menudo benefician de forma indirecta a las personas con discapacidad. En cuanto a las ayudas disponibles para la discapacidad, muchos de los criterios utilizados se basan en los ingresos, lo que, aparte de limitar las ayudas, hace que no se refleje adecuadamente los costes reales asociados a la discapacidad.
Hacia políticas más inclusivas
- El bono social se reconoce como un elemento destacado, puesto que tiene un umbral de ingresos más altos a la hora de dar la ayuda a los hogares con personas con discapacidad. Sin embargo, sería interesante implementar tarifas sociales energéticas específicas para personas con discapacidad, ofrecer auditorías energéticas gratuitas y acceso a los soportes para la rehabilitación energética.
- El sector público suele financiar y administrar las ayudas para la pobreza energética, mientras que el tercer sector desempeña un papel clave en la incidencia política y la prestación del servicio. La implicación del sector privado es muy limitada. Por eso, fortalecer la coordinación intersectorial, promover presupuestos participativos y una toma de decisiones descentralizada (y que incluya a las personas con discapacidad, de acuerdo con el Artículo 29 de Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) es clave para abordar la pobreza energética en los hogares.
- Para fomentar el acceso a las ayudas y ofrecer el conocimiento necesario, es importante crear órganos de gobernanza inclusivos y ofrecer formaciones especializadas al personal que trabaja con personas con discapacidad. De igual modo, existen importantes desigualdades geográficas en los servicios e infraestructuras existentes. Una buena práctica, por ejemplo, son los Puntos de Asesoramiento Energético (PAE) de Barcelona.
Estas entrevistas pusieron de manifiesto la falta de políticas públicas que aborden la intersección entre discapacidad y pobreza energética, reconociendo la necesidad de una participación del colectivo en la elaboración de políticas y la colaboración intersectorial entre administración pública, organizaciones que trabajan con personas con discapacidad y ciudadanía.
Las pocas ayudas disponibles son limitadas y varían en función del territorio así como las buenas prácticas existentes. Sin embargo, el proyecto ASSERT, gracias a la oportunidad de abrir estos diálogos, establece una base robusta para impulsar acciones con gran potencial para transformar las políticas locales, regionales, estatales y europeas.
