Ahora que el Parlament de Catalunya acaba de aprobar el reconocimiento del derecho humano al agua, incorporándolo a la Ley de Aguas, y que se ha acordado implantar un mínimo vital de agua de carácter universal, bonificado al 100 % para los hogares en situación de vulnerabilidad, analizamos en este artículo cómo podría articularse un reconocimiento equivalente del derecho a la energía.
Ecoserveis ha desarrollado informes sobre el concepto del derecho a la energía, el último publicado por la Mesa del Tercer Sector, en los que se vinculaba el derecho a la energía con el derecho humano al agua.
El año 2010 marca la consolidación jurídica formal del derecho humano al agua y al saneamiento de Naciones Unidas (Resolución 64/292 de la ONU). Esta consolidación no creó el derecho ex nihilo; cristalizó décadas de interpretación, práctica y consenso político. La energía, aunque hoy no está formalmente reconocida como un derecho humano, sigue cada vez más una trayectoria sociojurídica paralela. Comprender cómo el agua alcanzó este estatus ofrece un modelo claro de cómo la energía podría recorrer el mismo camino.
La historia del agua demuestra que los derechos humanos no son estáticos. Evolucionan a medida que cambian las sociedades, se transforman las condiciones materiales y se hacen visibles nuevas formas de vulnerabilidad.
Los derechos humanos no aparecen plenamente formados de entrada
El derecho al agua no fue incluido explícitamente en los textos fundacionales de los derechos humanos. Ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales mencionan el agua como un derecho autónomo.
En su lugar, el agua fue interpretada progresivamente como implícita en el derecho a un nivel de vida adecuado y en el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud.
Solo más tarde —a través de la interpretación jurídica, la movilización política y la clarificación institucional— el agua llegó a ser reconocida como un derecho humano diferenciado.
La energía se encuentra hoy exactamente donde estuvo el agua en su momento. Es indispensable para la salud, la dignidad, la conservación de alimentos, el confort térmico, la comunicación y la participación en la sociedad.
El soft law precede al derecho vinculante
El agua no se convirtió en un derecho humano mediante un único acto jurídico. Su reconocimiento emergió gradualmente a través de conferencias internacionales, declaraciones y marcos de política pública, mucho antes de incorporarse a interpretaciones jurídicas vinculantes. Esta fase de “derecho blando” permitió construir consensos antes de que llegara la codificación legal.
La energía ya se encuentra en esta fase. Los foros internacionales sobre clima, desarrollo y sostenibilidad presentan cada vez más el acceso a la energía moderna como un elemento esencial para la erradicación de la pobreza, la salud, la educación y la igualdad de género. El mismo espacio discursivo que en su día acogió el debate sobre el agua alberga hoy el debate sobre la energía, especialmente en el contexto de la descarbonización y las transiciones justas.
Los derechos cristalizan a través de luchas por la justicia
La aceleración decisiva del derecho al agua surgió del conflicto social: las protestas contra la privatización, los aumentos de precios y la exclusión —de forma especialmente visible en América Latina— transformaron el agua en un símbolo de dignidad, justicia y resistencia a la mercantilización.
Los derechos humanos suelen emerger cuando la provisión basada en el mercado fracasa de manera visible en la protección de las personas más vulnerables.
La energía presenta hoy situaciones similares: volatilidad de precios, cortes de suministro y una exposición desigual a la inseguridad energética durante las crisis. A medida que los sistemas energéticos se electrifican y se descarbonizan, estas tensiones se intensifican. Cuando el acceso a la energía se vuelve precario o inasequible, la movilización política en torno a la justicia energética no es hipotética: es previsible.
De la abstracción a las obligaciones
El reconocimiento del agua como derecho humano se volvió operativo cuando se tradujo en obligaciones concretas: disponibilidad, calidad, accesibilidad, asequibilidad y no discriminación.
Este marco desplazó el debate de si el agua es un derecho hacia qué deben hacer los Estados para garantizarlo.
Un futuro reconocimiento del derecho a la energía requeriría, casi con toda seguridad, el mismo paso: una energía mínima vital, accesibilidad, protección frente a la exclusión por incapacidad de pago y salvaguardias específicas para los grupos vulnerables. Sin ese paso, cualquier derecho permanece en el plano retórico. Con él, la política pública resulta exigible y responsable.
La energía como el siguiente derecho humano a ser reconocido
Desde una perspectiva histórica, reconocer la energía como un derecho humano no supondría una expansión del marco de los derechos humanos más allá de su lógica, sino su continuación.
Del mismo modo que las sociedades modernas acabaron aceptando que las libertades civiles carecen de sentido sin alimentación y vivienda, y que la vivienda resulta indigna sin agua y saneamiento, hoy se enfrentan a la realidad de que una vida digna sin energía ya no es posible.
La energía no es simplemente otro servicio. Es la infraestructura habilitadora de la que dependen la salud, la seguridad, la participación y la igualdad.
Conclusión: no es una cuestión de “si”, sino de “cómo”
El reconocimiento del derecho humano al agua nos deja tres enseñanzas esenciales: los derechos emergen de forma incremental, la lucha política importa y los servicios indispensables para la dignidad pueden pasar de ser commodities a derechos protegidos.
La historia sugiere una conclusión clara: cuando el acceso a un servicio esencial se convierte en una condición para vivir con dignidad, el derecho internacional de los derechos humanos acaba adaptándose para reflejar esa realidad.
