La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 24/2015 hace que Cataluña pierda un modelo pionero de protección contra la pobreza energética

Desde Ecoserveis rechazamos la decisión del Tribunal Constitucional de anular los artículos de la Ley 24/2015 vinculados a la protección contra la pobreza energética. Consideramos que esta resolución representa un grave retroceso en la garantía de los derechos básicos de las personas en situación de vulnerabilidad y debilita un modelo de protección que había situado a Cataluña como referente pionero a escala europea en la lucha contra la pobreza energética.

La ley 24/2015 había incorporado un principio fundamental: el principio de precaución. Este mecanismo permitía evitar cortes de suministro mientras no se comprobara la situación de vulnerabilidad del hogar afectado, poniendo la protección de las personas en el centro de la política pública. Su aplicación ha sido clave durante años para prevenir situaciones de pobreza energética y garantizar unas condiciones de vida dignas a miles de familias.

La decisión llega, además, en un momento especialmente preocupante. Nos encontramos inmersos en episodios de calor cada vez más intensos y frecuentes, situación que aumenta los riesgos para la salud y el bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad. La imposibilidad de mantener unas condiciones térmicas adecuadas en el hogar durante el verano es también pobreza energética, y las consecuencias pueden ser especialmente graves para personas mayores, niños o personas con enfermedades crónicas.

Aunque las administraciones apuntan al bono social como herramienta alternativa de protección, consideramos que este instrumento no sustituye a las garantías que ofrecía la Ley 24/2015. El bono social presenta importantes limitaciones tanto en cobertura como en accesibilidad, dejando fuera a muchas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad energética.

Desde Ecoserveis reclamamos que se mantenga una protección efectiva frente a los cortes de suministro y que se refuercen las políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la energía.

La pobreza energética es una problemática estructural que requiere mecanismos preventivos y una mirada centrada en derechos y en la salud de las personas. Basar la protección únicamente en el bono social supone desplazar la responsabilidad hacia las personas afectadas y centrar la protección en una herramienta que, en la práctica, presenta múltiples barreras de acceso. Muchos hogares vulnerables no lo solicitan por desconocimiento, dificultades administrativas o porque no cumplen requisitos que a menudo no reflejan adecuadamente la realidad social y económica de las familias. Esto hace que una parte importante de la población en situación de pobreza energética quede desprotegida.

El modelo que recogía la Ley 24/2015 incorporaba una lógica preventiva y de garantía de derechos, poniendo el foco en evitar el daño y proteger a las personas antes de llegar a situaciones extremas. Por eso consideramos que sustituir este modelo por una herramienta limitada y condicionada como el bono social representa un retroceso en la protección efectiva contra la pobreza energética.