Esta semana hemos visitado Getafe, donde el ayuntamiento y la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) trabajan con una de las asistencias técnicas facilitadas por el Energy Poverty Advisory Hub (EPAH). El objetivo: desarrollar un modelo de comunidad energética enfocada a combatir la pobreza energética y fortalecer el tejido social.
En el caso de Getafe, la empresa que la EPAH ha contratado para acompañar al municipio es Ecooo, una cooperativa sin ánimo de lucro especializada en energías renovables y autoconsumo.
El Ayuntamiento de Getafe está en proceso de construir dos instalaciones fotovoltaicas en dos cubiertas municipales en los barrios de Las Margaritas y La Alhóndiga. Estas instalaciones producirán electricidad renovable que será compartida por familias en situación de vulnerabilidad. Además, se pretende crear la comunidad energética destinada a gestionar estas plantas así como otros servicios energéticos comunitarios.
Con estos objetivos sobre la mesa, durante los 9 meses que dura la asistencia técnica de la EPAH, se dará forma a un modelo de comunidad energética potencialmente reproducible, tanto en Getafe como en otros municipios.
Un vistazo al proyecto EPIU
La primera parada de la visita es en las Oficinas de Hogares Saludables , donde un grupo de técnicas asesoran a vecinas y vecinos en cómo ahorrar energía en casa y optimizar sus facturas. Estas oficinas son producto del proyecto europeo EPIU , gracias al cual Getafe está trabajando en herramientas digitales para disponer de datos que permitan localizar la pobreza energética escondida, así como para diseñar una atención a la medida de las necesidades de las personas usuarias.
Las trabajadoras de las Oficinas de Hogares Saludables nos explican cómo funciona el servicio, y cómo, además de informar, hacen de mediadoras con las empresas comercializadoras de energía para resolver conflictos y evitar los cortes de suministro. Nos comparten los hechos más importantes del seguimiento de cada caso hasta que logran resolver un problema y las medidas que deben tomar para mejorar la situación energética de una familia.
Después de la charla, comenzamos la sesión centrada en el modelo de comunidad energética.
Un inciso: ¿Autoconsumo o Comunidades Energéticas?
Es importante que los ayuntamientos que se plantean producir energía renovable en las cubiertas municipales para combatir la pobreza energética sean conscientes de que tienen distintas opciones. Pueden realizar instalaciones de autoconsumo, pueden crear una comunidad energética o hacer ambas cosas en función de sus necesidades y contexto.
Hoy en día, la normativa de autoconsumo en España ya permite que un ayuntamiento haga una instalación fotovoltaica en una cubierta pública y comparta esa energía con las vecinas y vecinos que se encuentren en torno a un radio de 1 (próximamente 2) kilómetros de distancia. Esta modalidad corresponde a la de autoconsumo compartido. Muchas veces este concepto es similar al de comunidad energética, pero una comunidad energética puede incluir o no una instalación de autoconsumo, y puede implicar muchas otras cosas.
Por tanto, estos ayuntamientos que ya dispongan de superficie disponible y financiación para una instalación fotovoltaica, ya pueden empezar a generar energía y compartirla con quienes consideren sin tener que crear una comunidad energética.
¿Qué implica una Comunidad Energética?
La existencia de una comunidad energética implica que haya una comunidad (grupo de personas y/u organizaciones que toman decisiones en común), una entidad jurídica que la sustente, así como unos acuerdos sobre sus objetivos, mecanismos de acceso y participación, y gobernanza, entre otras cosas.
Según el marco jurídico español, en el Real decreto ley 23/2020 de 23 de junio, las Comunidades de Energías Renovables son (traducido) “entidades jurídicas basadas en la participación abierta y voluntaria, autónomas y efectivamente controladas por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de las o miembros de la que sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios y tengan como finalidad proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o en las zonas locales donde operan, en lugar de lucro financiero.”
Formar una comunidad energética, por tanto, requiere crear o disponer de una entidad jurídica y, posteriormente, responder a numerosas preguntas, a veces complejas. En este sentido, mientras que el Gobierno no transponga a la normativa española ambas directrices relativas a las comunidades energéticas, muchas de las preguntas serán contestadas sin tener la certeza de haber tomado el mejor camino posible. Podríamos decir que, hoy en día, la principal ventaja de crear una comunidad energética es poder optar a subvenciones. Y en las bases reguladoras de las convocatorias, como las del IDAE, podemos encontrar más información.
Junto con técnicos de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Getafe, del EPIU y de las técnicas del Ecooo, debatimos sobre el borrador de la propuesta. A continuación compartimos algunas de las preguntas que cualquier proyecto de comunidad energética que quiera incluir a familias en situación de vulnerabilidad deberá responder: ¿qué forma jurídica es la adecuada? En este sentido, es decisivo de quien sea la propiedad de la planta, el modelo de gestión que quiera implementarse y el rol de los agentes que quiera involucrarse. Un proyecto municipal, además, deberá cumplir con la regulación relativa a la contratación pública.
Seguimos por: ¿cuáles son los requisitos para participar? ¿Estará abierta a los vecinos y vecinas interesados? ¿Cuántas personas podrán participar? ¿Qué porcentaje de familias en situación vulnerable habrá con respecto al total? ¿Podrán participar asociaciones? En caso de construirse con financiación europea, ¿es necesario que las partes beneficiarias retribuyan la inversión? ¿Habrá una cuota de inscripción? ¿De cuánto? ¿Cuánta energía se proporcionará a cada participante? ¿Cómo se comunicará? ¿Cómo se hará llegar a las familias en situación de vulnerabilidad? ¿Cómo participarán las personas que no pueden pagar cuotas? ¿Qué criterios de selección se seguirán? ¿Qué procedimientos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Dónde están los principales cuellos de botella?
Durante los próximos 5 meses de asistencia técnica, Getafe responderá a estas preguntas con la colaboración de las diferentes delegaciones municipales y de agentes sociales de los barrios afectados. Una vez terminados, todo lo aprendido será compartido desde el Energy Poverty Advisory Hub para que otros ayuntamientos puedan reproducir la experiencia.
* Crónica de Alba del Campo. Traducción de Carlota Blanquer.
