El uso y acceso a la energía están directamente relacionados con el bienestar de las personas. Una vida digna implica poder calentarse, iluminarse, cocinar, conservar los alimentos, o tener acceso a agua caliente, por lo que la energía constituye una necesidad básica para todos. A nivel colectivo, el acceso a servicios energéticos
asequibles y sostenibles es esencial para la autonomía de una comunidad, y es un elemento clave para reducir la pobreza y mejorar la educación, la salud, la sostenibilidad ambiental, la economía, y poder gozar de un medio ambiente sano.
Sin embargo, el acceso a los servicios energéticos sigue estando sujeto a las capacidades económicas individuales y colectivas, por lo que existen grandes asimetrías entre países y población rica y países y segmentos de población empobrecida. Además, el modelo energético más extendido está basado en la producción centralizada de energía y el consumo de recursos fósiles (y sujetos a propiedad).
Hasta ahora, las políticas energéticas se han regido fundamentalmente por consideraciones puramente económicas, ignorando que la energía tiene una importante dimensión social. Este hecho está agravando en muchos casos la pobreza de personas y comunidades, aumentando las desigualdades y teniendo una repercusión directa
en la satisfacción de varios derechos. El acceso y el uso sostenible de la energía es un requisito previo para el derecho a una alimentación adecuada (conservación y cocina de los alimentos), el derecho a una vivienda digna (condiciones confortables de temperatura e iluminación), el derecho a la salud (condiciones de seguridad ambiental en de los hogares y los puestos de trabajo), el derecho al desarrollo (impulso generaciones futuras. En este sentido, un modelo basado en fuentes de energía renovables contribuiría a la democratización ya la soberanía energética de las comunidades, al fomentar la descentralización de la producción y sustentarse en recursos que son de libre acceso a cualquier persona.
Mientras derechos como el acceso al agua han sido ampliamente debatidos y aceptados, el derecho a la energía sigue siendo ignorado, aunque constituye un bien social y estratégico imprescindible para la emancipación y autonomía de los pueblos.
