El Congreso de los Diputados convalida el llamado “paquete anticrisis” (Real Decreto-Ley 8/2023) que incluye, entre muchas otras medidas, el mantenimiento de la prohibición de cortes de suministros durante seis meses más y la aplicación de un IVA reducido a las facturas de electricidad. Medidas muy necesarias que, sin embargo, se aprueban de nuevo a través de un instrumento normativo controvertido para cuestiones tan estratégicas como la energía: el Decreto-ley.

Una vez más, el Gobierno ha salvado in extremis las medidas para proteger a los más vulnerables de las variaciones de los mercados energéticos. Así, el Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado, en sesión extraordinaria este 10 de enero de 2024, el Real Decreto-ley 8/2023, que contiene la batería de medidas en materia de energía que ya anunció el Gobierno el pasado 28 de diciembre. Un paquete que regula, de nuevo, un tema tan estratégico como el energético a través del real decreto-ley, algo que llevamos años alertando desde Ecoserveis.

Como ya explicamos en 2015 a través de este artículo, el sector energético es demasiado estratégico para ser regulado a través de Decretos-ley, una herramienta pensada para “en caso de extraordinaria y urgente necesidad” (artículo 86 CE), tal como explicaremos en detalle a continuación. Consideramos que es necesario un marco legal más estable para garantizar la continuidad de ciertas medidas relacionadas con la energía. De todas en general, si hablamos de la implementación, por ejemplo, de las energías renovables; pero, en especial, de aquellas medidas que, además, afectan a los hogares que presentan índices más elevados de vulnerabilidad

¿Qué se ha aprobado en este paquete «anticrisis»?

Este 2024, y siguiendo con la citada tendencia de prorogar medidas relacionadas con la energía a través de Decretos-ley, el Gobierno ha dado luz verde a un paquete de medidas llamadas «anticrisis» que busca proteger a los hogares más vulnerables. Entre las más destacadas, habría las siguientes medidas:

• El tipo de IVA será el reducido (10%) sobre todos los componentes de la factura de las entregas de electricidad. Dicha medida abarcará todo el año 2024.
• El IVA del gas será del 10%, y estará vigente del 1 de enero al 31 de marzo de 2024. Este tipo de IVA también se aplicará además a pellets, briquetas y leña, sustitutivos ecológicos del gas natural procedentes de biomasa.
• Habrá una reserva específica para los autoconsumos (10%) en los concursos.
• Se mantienen los límites aplicados al crecimiento de la Tarifa de Último Recurso de gas (TUR), que impiden un incremento de coste de la materia prima por encima del 15%.
• Se plantean subastas de energías renovables que tengan en cuenta criterios sociales y ambientales (criterios que podrán pesar hasta un 30% en la baremación).

¿Por qué el Decreto-ley no es la herramienta ideal para regular el sector energético?

Hay que recordar que el Decreto-ley es una norma con rango de ley, de carácter provisional, dictada por el Gobierno cuando concurre “una circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad”. Es también una herramienta para elaborar leyes sin trámites parlamentarios, debates o enmiendas. Si bien es cierto que todo paquete de medidas debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados, se trata de un instrumento normativo pensado para salvaguardar momentos de inestabilidad política, y no para regular de forma habitual sectores enteros, como sería el energético.

Sin embargo, se ha normalizado que los sucesivos gobiernos utilizen el Decreto-ley para encadenar medidas cortoplacistas. Algo que no ayuda, en absoluto, a garantizar a medio y largo plazo, la protección de los hogares más vulnerables en cuanto a derechos energéticos se refiere. De hecho, las medidas listadas con anterioridad y aprobadas este mes de enero de 2024 ponen de manifiesto la necesidad de un marco legal más amplio y estable que garantice su aplicación y continuidad.

Nos queda esta vez un sabor agridulce ya que, aunque las medidas aprobadas son necesarias para proteger a los más vulnerables, el uso del Decreto-ley en temas de energía debería quedar limitado a su uso en temas menos estratégicos.