La reciente no convalidación del Real Decreto-ley 2/2026 vuelve a situar al sector energético, y especialmente a los hogares vulnerables, en una situación de provisionalidad normativa inaceptable. El patrón se repite: medidas estructurales que afectan a derechos básicos quedan supeditadas a mayorías coyunturales ya decisiones de urgencia.
Una política energética regulada con medidas legislativas de excepcionalidad
Desde hace años advertimos que el recurso sistemático al decreto ley para regular cuestiones energéticas desnaturaliza el artículo 86 de la Constitución, que reserva este instrumento para situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad”. Tal y como ya explicamos en 2015 en este artículo , y retirar en 2024 con este artículo , el sector energético es demasiado estratégico para ser regulado mediante decretos ley, una herramienta prevista para actuar sólo “en caso de extraordinaria y urgente necesidad” (artículo 86 CE). En cambio, los sucesivos gobiernos llevan años utilizando el decreto ley para encadenar medidas a corto plazo que no contribuyen a garantizar, a medio y largo plazo, la protección de los hogares con mayor vulnerabilidad.
Consideramos necesario un marco legal más estable que asegure la continuidad de determinadas medidas relacionadas con la energía. Nos referimos al conjunto de medidas (por ejemplo, las vinculadas a la implementación de energías renovables), pero especialmente a aquellas que afectan directamente a hogares con índices elevados de vulnerabilidad.
¿Qué es un decreto ley?
Cabe recordar que el decreto ley es una norma con rango de ley, de carácter provisional, dictada por el Gobierno cuando se produce «una circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad». También es una herramienta que permite aprobar normas con rango de ley sin los trámites parlamentarios ordinarios, debates o enmiendas.
Aunque cualquier paquete de medidas debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados, se trata de un instrumento normativo pensado para salvaguardar momentos de inestabilidad política, y no para regular de forma habitual sectores enteros, como es el caso del energético.
Instamos a adoptar medidas que eviten la desprotección de las personas y hogares en situación de mayor vulnerabilidad, y alejarse de la táctica política y del uso oportunista de la técnica jurídica a la hora de abordar medidas de carácter social.
