El Pleno del Congreso derogó la semana pasada el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptaban medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social. Este decreto incluía, entre otras disposiciones, la prórroga de la prohibición de cortes de agua, luz y gas para todos los hogares acogidos al bono social eléctrico, que ascienden a 1.641.084, según las últimas cifras disponibles.
Después de unos días convulsos, esta semana se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 1/2025, que recoge medidas esenciales y cuya convalidación se espera en el próximo mes. Sin embargo, el Decreto-ley sigue utilizándose como instrumento normativo, algo controvertido cuando se trata de cuestiones estratégicas como la energía.
Una vez más, el Gobierno ha salvado in extremis las medidas para proteger a los más vulnerables frente a las variaciones de los mercados energéticos en diciembre. Pero, a diferencia de lo ocurrido el año pasado, esta vez el Decreto-ley no ha sido convalidado en el Pleno del Congreso. Así, la publicación en el BOE del RDL 1/2025 el 29 de enero restablece las medidas, pero temas tan estratégicos como el energético no deberían regularse a través de decreto-ley, algo que llevamos años alertando desde Ecoserveis.
Y es que, como ya explicamos en 2015 a través de este artículo, el sector energético es demasiado estratégico para ser regulado a través de Decretos-ley, una herramienta pensada para “en caso de extraordinaria y urgente necesidad” (artículo 86 CE). Sin embargo, los sucesivos gobiernos han recurrido a esta vía para aprobar medidas a corto plazo que no garantizan una protección estable y duradera para los hogares más vulnerables.
Consideramos que es necesario un marco legal más estable para garantizar la continuidad de ciertas medidas relacionadas con la energía. Esto es clave en general, por ejemplo, en la implementación de energías renovables, pero especialmente en aquellas medidas que afectan a los hogares con altos niveles de vulnerabilidad.
El Decreto-ley y la necesidad de otra herramienta legislativa
Es importante recordar que el Decreto-ley es una norma con rango de ley, pero de carácter provisional, dictada por el Gobierno cuando concurre una “circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad”. Se trata de un mecanismo que permite legislar sin trámites parlamentarios, debates ni enmiendas.
Si bien es cierto que todo paquete de medidas debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados, se trata de un instrumento normativo pensado para salvaguardar momentos de inestabilidad política, y no para regular de forma habitual sectores enteros, como sería el energético.
Desde Ecoserveis reiteramos nuestro compromiso y urgimos a la adopción de medidas que protejan a los más vulnerables de manera estable y efectiva, evitando enfoques basados en la táctica política y el uso de herramientas legislativas inadecuadas para abordar cuestiones sociales de largo recorrido.
