La reciente no convalidación del Real Decreto-ley 2/2026 vuelve a situar al sector energético, y especialmente a los hogares vulnerables, en una situación de provisionalidad normativa inaceptable. El patrón se repite: medidas estructurales que afectan a derechos básicos quedan supeditadas a mayorías coyunturales y a decisiones de urgencia.
Una política energética a golpe de decreto-ley
Desde hace años advertimos que el recurso sistemático al decreto-ley para regular cuestiones energéticas desnaturaliza el artículo 86 de la Constitución, que reserva este instrumento para situaciones de “extraordinaria y urgente necesidad”. Como ya explicamos en 2015 a través de este artículo, y reiteramos en 2024 con este artículo, el sector energético es demasiado estratégico para ser regulado a través de Decretos-ley, una herramienta pensada para “en caso de extraordinaria y urgente necesidad” (artículo 86 CE). En cambio, los sucesivos gobiernos llevan años utilizando el Decreto-ley para encadenar medidas cortoplacistas que no ayudan a garantizar a medio y largo plazo, la protección de los hogares más vulnerables.
Consideramos necesario un marco legal más estable para garantizar la continuidad de ciertas medidas relacionadas con la energía. Hablamos de todas las medidas en general (por ejemplo las relacionadas con la implementación de energías renovables), pero, en especial, de aquellas que afectan directamente a hogares con índices elevados de vulnerabilidad.
¿Qué es un Decreto-ley?
Hay que recordar que el Decreto-ley es una norma con rango de ley, de carácter provisional, dictada por el Gobierno cuando concurre “una circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad”. Es también una herramienta para elaborar leyes sin trámites parlamentarios, debates o enmiendas.
Si bien es cierto que todo paquete de medidas debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados, se trata de un instrumento normativo pensado para salvaguardar momentos de inestabilidad política, y no para regular de forma habitual sectores enteros, como sería el energético.
Urgimos a adoptar medidas que eviten la desprotección de los más vulnerables y a alejarse de la táctica política y la técnica jurídica para abordar medidas sociales.
